Jueves, 26 Mayo 2016

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EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA PRUEBA PLENA

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Las únicas pruebas plenas en el delito de enriquecimiento ilícito son los signos exteriores de riqueza. Los signos probatorios son los bienes patrimoniales, fincas, cuentas corrientes, vehículos y por supuesto el desequilibrio entre sus posibles ingresos y su patrimonio, y hasta el modo y estilo de vida que llevan los presuntos responsables. No hay otras. Y quienes quieran buscar elementos probatorios diferentes no hacen sino incurrir en carencia de voluntad para perseguir el delito cuando no en sucias componendas o complicidad. Los jueces y los especialistas en derecho penal saben perfectamente que el delito de enriquecimiento ilícito, por su singularidad, es el acto delictivo de más fácil probanza. No se necesitan más pruebas que la existencia de bienes, cuentas  corrientes, negocios y hasta el modo de vivir personal y de los familiares, demostrativos  de un notable desequilibrio con sus recursos percibidos legalmente. En este delito, específicamente, así como en el de contrabando, por ejemplo, para probarlos se invierte la carga de la prueba, pues los denunciados y acusados están en la obligación de probar el origen legítimo de sus riquezas, inmuebles y cuentas o de los bienes o mercancías que posean. Si no lo hacen y a satisfacción del juzgador, de hecho son pasibles de condena. Y es que para probar la ilicitud del enriquecimiento, el juez no requiere verificar si el agente de infracción ha cometido cohecho, peculado, concusión, contrabando u otros delitos. Basta la existencia de su desequilibrio patrimonial no justificado. Desgraciadamente, algunos jueces se amparan, maliciosamente, en el hecho de no haber encontrado responsabilidad en otros delitos conexos y soslayan el delito mayor, el de enriquecimiento. Y en este tira y afloja y en la sucesión de plazos ampliatorios pretendiendo descubrir lo que se halla a la vista, permiten el transcurso del tiempo, a la espera de que los acusados salgan de sus escondites y se acojan al bendito recurso de la prescripción y el consiguiente archivo de sus causas penales. Los mayores saqueos al Estado ocurridos a lo largo de la Historia Republicana, se hallan representados, ineluctablemente, en patrimonios formados de la noche a la mañana, desde los albores de la República cuando se depredaron recursos como el salitre, el guano, el caucho, el petróleo, los minerales y se medró con el presupuesto fiscal, las obras públicas descontroladas e incontroladas, el contrabando, la defraudación de rentas de aduana, la evasión tributaria,  los certificados de la deuda externa, las adquisiciones públicas, la compra libre de armamentos, aviones y barcos sin ninguna fiscalización posible bajo el concepto de tratarse de secreto de Estado, etc. El país ha crecido, pero también la corrupción, y por tanto son muchos millones de habitantes más, las víctimas de esta lacra. Algunos desaprensivos personajes suelen repetir la monserga que “en todas partes se cuecen habas” a manera de consuelo, sin reparar que en las verdaderas democracias, si bien se cometen hechos delictivos,  también hay sanción y muy dura. Al respecto vale la pena recordar las expresiones lapidarias del poeta César Moro cuando respondía que, “si en verdad en todas partes se cocían  habas,  en el Perú solamente se cuecen habas”. Las únicas pruebas plenas en el delito de enriquecimiento ilícito son los signos exteriores de riqueza. Los signos probatorios son los bienes patrimoniales, fincas, cuentas corrientes, vehículos y por supuesto el desequilibrio entre sus posibles ingresos y su patrimonio, y hasta el modo y estilo de vida que llevan los presuntos responsables. No hay otras. Y quienes quieran buscar elementos probatorios diferentes no hacen sino incurrir en carencia de voluntad para perseguir el delito cuando no en sucias componendas o complicidad. Los jueces y los especialistas en derecho penal saben perfectamente que el delito de enriquecimiento ilícito, por su singularidad, es el acto delictivo de más fácil probanza. No se  más pruebas que incas, cuentas  corrientes, negocios y hasta el modo de vivir personal y de los familiares, demostrativos  de un notable desequilibrio con sus recursos percibidos legalmente. En este delito, específicamente, así como en el de contrabando, por ejemplo, para probarlos se invierte la carga de la prueba, pues los denunciados y acusados están en la obligación de probar el origen legítimo de sus riquezas, inmuebles y cuentas o de los bienes o mercancías que posean. Si no lo hacen y a satisfacción del juzgador, de hecho son pasibles de condena. Y es que para probar la ilicitud del enriquecimiento, el juez no requiere verificar si el agente de infracción ha cometido cohecho, peculado, concusión, contrabando u otros delitos. Basta la existencia de su desequilibrio patrimonial no justificado. Desgraciadamente, algunos jueces se amparan, maliciosamente, en el hecho de no haber encontrado responsabilidad en otros delitos conexos y soslayan el delito mayor, el de enriquecimiento. Y en este tira y afloja y en la sucesión de plazos ampliatorios pretendiendo descubrir lo que se halla a la vista, permiten el transcurso del tiempo, a la espera de que los acusados salgan de sus escondites y se acojan al bendito recurso de la prescripción y el consiguiente archivo de sus causas penales. Los mayores saqueos al Estado ocurridos a lo largo de la Historia Republicana, se hallan representados, ineluctablemente, en patrimonios formados de la noche a la mañana, desde los albores de la República cuando se depredaron recursos como el salitre, el guano, el caucho, el petróleo, los minerales y se medró con el presupuesto fiscal, las obras públicas descontroladas e incontroladas, el contrabando, la defraudación de rentas de aduana, la evasión tributaria,  los certificados de la deuda externa, las adquisiciones públicas, la compra libre de armamentos, aviones y barcos sin ninguna fiscalización posible bajo el concepto de tratarse de secreto de Estado, etc. El país ha crecido, pero también la corrupción, y por tanto son muchos millones de habitantes más, las víctimas de esta lacra. Algunos desaprensivos personajes suelen repetir la monserga que “en todas partes se cuecen habas” a manera de consuelo, sin reparar que en las verdaderas democracias, si bien se cometen hechos delictivos,  también hay sanción y muy dura. Al respecto vale la pena recordar las expresiones lapidarias del poeta César Moro cuando respondía que, “si en verdad en todas partes se cocían  habas,  en el Perú solamente se cuecen habas”.

 

 

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