Las únicas pruebas plenas,  las más fáciles de obtener para probar el delito de enriquecimiento ilícito son los signos exteriores de riqueza: patrimonios consistentes en inmuebles, vehículos, accionariados en empresas y hasta el  modo de vivir; en suma, el desequilibrio entre ingresos y egresos de los presuntos responsables. No hay otras. Los juzgadores que se dedican a buscar, infructuosamente, pruebas diferentes, en delitos conexos como peculado, concusión, cohecho, etc. no hacen sino incurrir en una de estas tres posibilidades: o ignorancia, o temor o complicidad. Ignorancia, no lo creo. Temor, posiblemente. Complicidad o compadrería, es también probable.

Los especialistas en  derecho penal saben perfectamente que para determinar la culpabilidad de los acusados, tanto en el enriquecimiento ilícito, como en el contrabando, procesalmente se invierte la carga de la prueba, de modo tal que a los presuntos responsables se les obliga a probar el origen legítimo de sus bienes patrimoniales. Si no lo hacen, de hecho son pasibles de condena. Los especialistas en derecho penal saben perfectamente que para probar dicho delito, no se requiere verificar si el incriminado ha incurrido o no en los referidos delitos conexos, basta que  no pruebe la legitimidad de sus patrimonios para ser declarado reo convicto, aunque no confeso.

Pueden ser bienvenidas las declaraciones de testigos o de colaboradores espontáneos y el descubrimiento de otras pistas que comprometan la conducta de políticos que delinquen. Servirán para agravar la situación jurídica de los mismos, pero no pueden ni deben ser los únicos elementos decisivos que decidan la culpabilidad. La sujeción a tan peligrosa dependencia, manida práctica criolla puesta en escena, resulta la vía más fácil de institucionalizar la impunidad. Pierden tiempo los fiscales al distraer a la opinión pública con diligencias rebuscadas, tratando de descubrir lo que se halla a la vista. Y a sabiendas de la abundancia de pruebas que son públicas, cometen la afrenta de burlarse de la conciencia nacional para dilatar o archivar procesos, aprovechándose de esa inmensa facultad que desgraciadamente les confiere  la moderna práctica procesal, peligrosa y negativa en un medio precario como el del Perú, cuyo destino moral depende de tan omnipotente decisión de la que el juez debe o no abrir instrucción contra determinado presunto delincuente, contrariamente a lo que se estilaba, anteriormente, cuando era el Juez Instructor, el responsable de la investigación, con las garantías que ofrecía la presencia del agente fiscal, de los presuntos responsables y hasta de la parte civil.

Y es que en la tarea de buscar pruebas de delitos conexos, como los ya descritos, conocidos vulgarmente como “coimas” o sobornos, que son poco menos que imposible descubrirlos —pues, los delincuentes que los cometen no otorgan facturas ni recibos por sus fechorías— los juzgadores gastan el tiempo en la sucesión de plazos ampliatorios que otorgan, pretendiendo descubrir lo que resulta poco menos que imposible, y permiten así, consciente o inconscientemente, el transcurso del tiempo, a la espera de que los acusados, después de permanecer escondidos, se acojan a la prescripción y logren el consiguiente archivo de sus causas penales, práctica muy común en los especialistas en burlarse de la ley y de la justicia. Para los dedicados al derecho penal y a defender a sus patrocinados, desde luego les resulta conveniente tales dilaciones, pues llevan debajo de la manga, ese bendito recurso: la PRESCRIPCIÓN, esgrimido tan pronto como el tiempo transcurrido sea lo suficiente para invocarla. Y los  juzgadores, queriendo o sin quererlo contribuyen con la impunidad.

Desgraciadamente, ese derecho a la PRECRIPCIÓN, está vigente y aherrojado en el inciso 13 del artículo 139º de la actual Constitución, legado de la autocracia del desdichado decenio de de 1990-2000, que nadie se atreve a proponer su derogatoria, quizá por temor al bumerang que podría funcionar contra los propios proponentes. El actual presidente de la República, Pedro Pablo Kutszinsky  lo prometió, pero no lo hace, cuando debió ser una de sus más firmes medidas que debe hacerlo bajo el emplazamiento, que la Constitución le confiere, de hacer  cuestión de confianza sobre la eliminación de tan nefasto llamado derecho.