El epígrafe  de este artículo tiene mucho que ver con la cantilena de los grupos del poder económico que sostienen que el Estado debe abstenerse definitivamente de intervenir en la economía del país aunque sí aceptan su intervención cuando se hallan en apuros financieros. Viene a cuento este comentario a propósito de la recesión que amenazó socavar al sistema capitalista de libre mercado de la mayor potencia económica liberal del mundo, cuyas consecuencias más funestas se sintieron en todas partes y a la conducta que adoptaron los empresarios cuando se vieron amenazados por la crisis. El problema recesivo que azotó a los Estados Unidos nos invita a recordar la permanente apología que ciertos líderes políticos formulan a favor de la economía irrestricta de mercado, tanto en el Perú como en otros países de Latinoamérica y le niegan al Estado su participación mientras se hallen en auge y no sufran apuros.

Creyentes del sistema imperante han sostenido y aún prosiguen en la letanía que el Estado no debe intervenir para nada ni siquiera como regulador en la economía y que el sistema liberal debe regirse única y exclusivamente por las reglas de la oferta y la  demanda. Siempre se ha acusado a los gobiernos de atentar contra el desarrollo si intentaban, de alguna manera, que el Estado interviniera como ente regulador de la economía, a fin de evitar especulaciones, dumping, concertaciones ilícitas, odiosos monopolios y oligopolios y atentados contra los derechos sociales de los trabajadores. Siguiendo esos consejos, sucesivos gobiernos se entregaron a las fauces del capitalismo a ultranza y han acabado con las empresas estatales, enajenándolas a precio vil, bajo el argumento de ser entidades mal administradas y objeto de actos de corrupción y pérdidas. Y lejos de sanearlas optaron por la esquizofrénica medida de matar las polillas incendiando el ropero.

Pues bien, en la meca del capitalismo mundial, los Bancos fueron los primeros en pedirle al Estado que interviniera para salvarles de la quiebra generalmente ocasionada por sus propios actos. En septiembre del año 2008, el presidente Bush recurrió al Congreso y logró que el Erario de los Estados Unidos acudiera con un  salvavidas de 700 mil millones de dólares a fin de evitar el inminente desastre financiero de dichas entidades bancarias. Y poco después le formularon un nuevo pedido al Tesoro Norteamericano de una segunda remesa fiscal de 550 mil millones de dólares más. Y como si todo eso fuera poco, las más poderosas empresas fabricantes de automóviles: General Motors, Crysler y Ford, amenazadas, también, por la quiebra,  lanzaron un SOS y presentaron sus respectivas solicitudes al Tesoro de USA a fin de que aporte algunas decenas de miles de millones de dólares, como salvaguarda de los intereses económicos en falencia. A tan poderosos y orgullosos emporios no les sirvieron las leyes del mercado por sí solas.

Esta conducta de los capitalistas privados, de recurrir en auxilio al Estado no es nueva en ninguna parte donde prevalece el sistema liberal. En el Perú, por ejemplo, es una práctica consuetudinaria de los banqueros criollos de acudir al Estado cada vez que se ven falencias económicas y financieras en camino a la ruina. Así aconteció con los Bancos WIESE. Latino, Amazónico, Comercial, BIC, Bancos regionales y tantos otros. Algunos de ellos terminaron  declarados en estado de quiebra después de haber recibido aportes millonarios del Fisco peruano y sus directivos defraudaron impunemente al Banco de la Nación y al Banco Central de Reserva. Sendas acusaciones constitucionales contra los responsables quedaron archivadas como muestra de la impunidad institucionalizada y con la colaboración de políticos de mal oficio, siempre a favor de los defraudadores.

La pregunta de rigor, sobre todo referida a la filosofía mercantilista de ciertos empresarios criollos, es entonces ¿Por qué si el Estado debe abstenerse de intervenir en el mercado, tiene que acudir al clamoroso llamado de los negocios privados, empresas bancarias, industriales y comerciales que recurren al Tesoro en pos de ayuda estatal, cada vez que se ven amenazados por quiebras y falencias económicas y financieras? ¿Porqué el Estado puede ser apto para salvarles de los desastres en los que incurren los líderes de la empresa privada y del mercado de consumo y no puede serlo para administrar cuando menos sus propios recursos naturales?  ¿Quiere decir que el Estado sí tiene campo libre y está hasta obligado a participar en los negocios privados, pero sólo cuando éstos sufren pérdidas, más no cuando están boyantes?

Esta curiosa política económica nos lleva a la conclusión de que los empresarios privados no quieren saber nada de intervención estatal ni de regulaciones ni de políticas arancelarias, mientras ellos gozan de bonanza económica, pero utilizan al Estado para lograr franquicias, exoneraciones tributarias y hasta para no pagar impuestos justos, tasas y regalías aunque disfruten de sobre ganancias. Para ellos el Estado no cuenta cuando acumulan utilidades, riquezas y facilidades hasta para trasladar sus rentas y patrimonios  fuera de las fronteras de la Patria. El Estado les sirve, en cambio, como salvavidas en cuyo caso no se niegan a que participe en su auxilio.

Se da entonces la figura irrebatible de que estamos frente al oprobioso sistema de la  privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Es decir, la carne para los ricos y los huesos para los pobres.