En la Constitución vigente de 1993, pero igualmente en la de 1979, se puede leer y apreciar en sus respectivos artículos 93º y 176º, cómo se confunde inmunidad con impunidad, y se consagra un asqueroso y repudiable privilegio a favor, ya no de la función legislativa sino del delito, del crimen, cuando  establecen que el Congreso o la omisión Permanente son los que deben autorizar la privación de la libertad y el enjuiciamiento de los congresistas detenidos por la policía al haber sido sorprendidos en delito flagrante ¿Puede esto ser admisible y civilizado?  

Si flagrante es sinónimo de in fraganti, es decir que una persona es sorprendida con las manos en  la masa, robando, estafando o asesinando, y si a la policía no le queda otra alternativa que detenerla, sin analizar  ni la condición social ni política ni económica ni nada por el estilo y ni siquiera su identificación  - porque un delincuente es simplemente eso- el sujeto debe ser sometido a los rigores de la ley sin remilgos ni contemplaciones. Quien comete un delito pasa simplemente a la condición de un delincuente y queda automáticamente bajo los rigores de la ley como cualquier ciudadano. Pero según  las benditas normas constitucionales, es el Congreso, dicho de paso, integrado por colegas del infractor o delincuente, el que debe autorizar la privación de la libertad y el correspondiente enjuiciamiento del delincuente. Una barbaridad.

Es entendible y hasta indispensable que para el libre ejercicio de la elevada función legislativa y fiscalizadora exista algún grado de protección contra posibles irracionales represalias, entonces los legisladores sólo gozan de inmunidad durante el ejercicio de las funciones parlamentarias, si por funciones se entiende únicamente las ejercidas durante las horas de funcionamiento del Congreso y entre el ir y venir del domicilio al Palacio Legislativo, tal como versa el articulado de la Constitución norteamericana, por ejemplo. Fuera de dichos espacios, los congresistas no gozan inmunidad, pero en el Perú funciona como una suerte de soberanía territorial y los beneficiarios poseen escudos para todos los escenarios: una fiesta, un  espectáculo,  una jarana o en cualquier otro lugar, que no sea el de sus funciones específicas.

Pero acontece, en este nuestro valle de lágrimas -el Perú- donde todavía no nos hemos despojado de las alcurnias y despreciables exenciones soberanas de antiguas etapas en las que las rancias aristocracias derivadas del dinero o del color de la piel tenían el predominio sobre los desposeídos y sin escudos. De eso todavía subsisten rezagos y muy poderosos. De un lado los que por tener dinero, por ejemplo, gozan de libertad como para sobornar a funcionarios del Estado sin ser tocados ni con el pétalo de una rosa, y de otro, los que por esos azares del destino, llegan a ocupar elevados cargos públicos o puestos de los llamados dignatarios, gozan de todos los privilegios más detestables y degradantes, increíble y escandalosamente consagrados en textos bautizados de Constituciones, que sólo son escudos para blindar a los pícaros y malandrines. Después de todo, las distinciones y prerrogativas se mantienen entre tanto sus beneficiarios sean capaces de honrarlas, pero las pierden automáticamente desde el instante en que trasponen los linderos de la probidad y dignidad, es el momento de demostrar que la ley es igual para todos.