El llamado secreto de Estado, es un eufemismo, que en buen castellano significa secreto militar, tapujo para el enriquecimiento ilícito de ciertos protagonistas en la adquisición de armamentos, en nombre de la defensa del territorio ¿De qué territorio? ¿Acaso del que antes de la Declaración de la Independencia era de más de tres millones de kilómetros cuadrados hoy reducido a sólo 1´285,000 km2 por haber sido retaceado y repartido entre las naciones vecinas? Lo único que no disminuye, sino al contrario se incrementa y abulta, son las fortunas amasadas por sus afortunados contratantes. Afortunados sí, porque además de los patrimonios adquiridos ilícitamente, gozan del gran privilegio de la impunidad.

La figura de la criolla figura del llamado “secreto de Estado”, exige los requisitos siguientes: que en el Presupuesto de la República no consignen las partidas para dichas adquisiciones; que se eliminen las facturas, los manifiestos de carga, las pólizas y las declaraciones de Aduana; que nadie se atreva a indagar y revisar tales operaciones, ni siquiera los jueces, a condición de ser declarados “traidores a la Patria”; que todos contribuyan a que bajo ese secreto se le robe a la Nación; que se le haga creer a la ciudadanía la existencia de guerras imaginarias y que la nación se halla en peligro, y finalmente, que los tanques, metralletas, fusiles, aviones, tractores y demás, deben ser sustituidos todos los años porque, según la técnica moderna, son susceptibles de  deterioro y que sólo tienen una duración o vida útil de sólo un año, puesto que hay que renovarlos cada 365 días.

Ahora bien, para justificar tal secreto de Estado, se sostiene que tal secreto se debe a la necesidad de “evitar que se enteren los países vecinos o adversarios, de tales adquisiciones bélicas”. Manido argumento que sólo es un pretexto, porque bien se sabe que, sobre todo en estos tiempos de la globalización y de las sofisticadas comunicaciones, nada es oculto, pues antes que nadie, los adversarios se enteran de todo en cuestión de segundos. Por lo demás, son los propios vendedores de armamentos los encargados de abrirles los ojos a sus clientes instándoles a realizar similares o superiores adquisiciones a las de sus imaginarios enemigos. Además, los vendedores de armas no tienen bandera como tampoco las tienen los compradores. A tiempo de venderlas a los países, también se las venden a los guerrilleros y terroristas. La seguridad de los Estados les interesa un pepino. El negocio de los armamentos es una mafia muy antigua, parecida al narcotráfico, en la que ganan fabricantes, vendedores y compradores. Los únicos que pierden son el Estado y el pueblo.

Desde luego, en esta lacra hay honrosas excepciones, cuyos ilustres nombres, desde luego son omitidos, no precisamente por egoísmo, sino para no dejar al descubierto a los incursos en los negociados. La penosa consecuencia está en que, quienes no participan del festín se resignan a compartir el silencio, del mismo modo como silencian fiscales y jueces, bajo la amenaza de ser acusados, también de traición a la Patria. Así la cosa queda redonda y no pasa nada, debe haber sido un genio quien inventó la frase “secreto de Estado”, que bien merece ser distinguido con un estrambótico premio Nobel.

 Pero entonces la pregunta de cajón es ¿cómo hacer para sancionar a los que por ese medio se enriquecen ilícitamente? La respuesta es sencilla: mediante los signos exteriores de riqueza, es decir, de los patrimonios y hasta del modo de vivir de los presuntos responsables, que se hallan a la vista. Bien se sabe que el  enriquecimiento ilícito es el delito de más fácil probanza y basta determinar el desbalance entre los ingresos y egresos del supuesto responsable para comprobar el delito. He ahí la gran cuestión.