El  voto  preferencial:

Su  abolición por  las poderosas  razones  siguientes:

  1. Porque es perverso. Destruye la unidad de los partidos. Es factor perturbador y creador de rivalidades entre candidatos de una misma agrupación, los que antes de defender la posición partidaria  se  declaran la guerra entre ellos.
  2. No corrige la arbitrariedad de las cúpulas partidarias porque el voto preferencial funciona posteriormente y no antes. Si bien sirve para alterar la ubicación de los postulantes, ella depende, mucho más, de negociaciones ilícitas.
  3. Es utilizado únicamente por algunos electores, previamente concertados, bajo dudosas consignas. Jamás su uso ha superado el 15 % en ninguna elección.
  4. Es antidemocrático, porque con un solo voto preferencial  se altera la voluntad de  miles de electores que no lo utilizan y se limitan a votar por listas completas.
  5. No garantiza la idoneidad de los candidatos. Se imponen  los que trafican con él y  conquistan votos  de cualquier modo.
  6. La sola presencia del personero del partido no es garantía para los candidatos que  no son de su simpatía. Pero es imposible instalar en las mesas electorales a cientos de los personeros correspondientes al mismo número de candidatos de todas las listas.
  7. Es poco menos que imposible verificar el conteo de los votos preferenciales en las dependencias de los jurados electorales sin la presencia de personeros individuales. Los que carecen de ellos corren el riesgo de que sus votos no sean  tomados en cuenta.
  8. Permite la fácil adulteración de la cifra en los casilleros de las planillas electorales.
  9. Es innegable que, salvo solemnes excepciones, los votos preferenciales tienen precio en el mercado.
  10. Confiere escaños a candidatos hasta con menos votos preferenciales que los de otras agrupaciones mayores, debido a la  aplicación de la cifra  repartidora.

 

La   cifra repartidora:

Si bien se trata de una fórmula que se aplica con el fin de determinar una representación proporcional a los votos obtenidos por el partido o grupo, el logro justo de tal propósito democrático, sólo es posible si la operación aritmética se practicara al final de las elecciones y no antes de su definición, a fin de evitar la incongruencia de que, al grupo político con porcentaje menor en las elecciones se le adjudique un porcentaje superior  de escaños. Bajo esta deficiencia se produce en el Perú, el caso de  “el que gana pierde”.

Por lo demás, el complemento que aún está ausente, a fin de que la indicada cifra repartidora sea equitativa y justa, es  la renovación  parcial del Parlamento, y por tanto la elección diferida  respecto de la del Presidente de la República.

Elecciones primarias

El  único sistema que garantiza la legitimidad en la ubicación  de los candidatos en las listas parlamentarias, es la elección primaria  dentro de cada partido o grupo político, y  con el control oficial del Jurado de Elecciones, como en los comicios generales. Las primarias son el filtro contra la  imposición de los líderes partidarios.

Renovación parcial del  Congreso

Este procedimiento, ausente en el Perú, permitiría conferir a la ciudadanía la facultad de licenciar a los representantes que los defraudan y evitar que los congresistas se atornillen indefinidamente sólo por contar con la gracia del Presidente, jefe del partido.  Otorga  mayor garantía de solvencia al Poder Legislativo, como ocurre en  todo  régimen presidencial. El ejemplo más claro es el de los Estados Unidos, donde el Senado cuyo período es de seis años se renueva por tercios, cada dos, y la Cámara de Representantes totalmente en el mismo periodo. Así el Congreso depende directamente de la voluntad ciudadana y no del jefe del partido o presidente de la República.      

Declaraciones juradas  e Idoneidad de los candidatos:

La  parlamentaria  requiere de solvencia moral. Es inadmisible la presencia de parlamentarios cargados de antecedentes policiales y judiciales, y también de responsabilidades civiles, como obligaciones familiares. La hoja de vida de los candidatos, apenas se limita a formular una débil declaración redactada sólo para dar trámite a ese requisito, con frecuencia irreal. No están acompañadas de los indispensables certificados que acrediten la inexistencia de todo tipo de  antecedentes  penales, judiciales, policiales y civiles.

No bastan los certificados que acrediten únicamente la inexistencia de antecedentes penales, es decir, no haber sido condenados, también debiera exigirse certificado de la inexistencia de antecedentes judiciales, los que, si bien no refleja el haber sido responsables  de condenas, no garantizan tampoco que no lo fueran posteriormente. Se trata de procesos en trámite, lo que no es una buena referencia, porque se origina en algún hecho, motivo de esclarecimiento, pues, nadie que exhiba probidad puede ser objeto de denuncias judiciales. Por lo demás. Bien se sabe, que en los recintos del Poder Judicial pululan expertos en dilatar los procesos penales, generalmente con el objetivo de lograr el paso del tiempo requerido para la prescripción de las acciones judiciales y el archivo de los procesos.

Pero, finalmente, no se entiende por qué no se puede exigir a los candidatos a la más alta magistratura política, los mismos requisitos impuestos para los modestos ciudadanos que postulan cargos en la administración pública y privada, a los que además de expurgarlos se les obliga a presentar certificados que acrediten carencia, no sólo de antecedentes penales, sino, también, de antecedentes judiciales y policiales. Si para cargos menores se imponen dichas obligaciones, con  mayor razón debieran ser exigibles para los candidatos a ser representantes de la Nación.