Las investigaciones sobre hechos de corrupción que se investigan, tanto en  el Congreso como en las Fiscalías y en la Policía, casi siempre terminan frustradas con la consiguiente contribución a favor de la impunidad, peligrosa y dramáticamente institucionalizada en el país. La causa principal es, sin duda, la de haber sido convertidas en una especie de espectáculos públicos teatralizados. Con evidentes propósitos publicitarios, los  “investigadores se han tornado en una suerte de actores, ávidos de pantallas y de páginas de los diarios. En ese afán dejan al descubierto sus pesquisas alertando a los presuntos responsables, los que sin duda se benefician poniéndose, a tiempo, a buen recaudo y adoptando estrategias para sus defensas. Por su parte, los fiscales, si bien sus indagaciones las efectúan reservadamente, también se ven tentados de espectáculo, y  antes de formular la correspondiente denuncia ante el Poder Judicial, terminan echando por tierra sus conclusiones, al darlas a conocer antelada y públicamente, en un afán de infantil protagonismo y de triunfalismo.  Desde luego, no se descarta que parte de esta carrera publicitaria vaya aparejada la intencionalidad  cómplice de  favorecer a los acriminados.

Sobre el tema, una gran lección acaba de darla, recientemente, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien al ser requerido por la prensa colombiana sobre los pasos seguidos para perseguir al terrorismo, enfáticamente les dijo: “discúlpeme que no puedo ni debo explicar lo que estamos haciendo, porque hacerlo sería contribuir con la delincuencia al proporcionarle nuestros planes  y procedimientos, que para lograr éxito tienen que ser totalmente reservados”.

Contrariamente en el Perú, los encargados de perseguir el delito se disputan las pantallas de televisión y  alertan a la delincuencia, al trasmitir informaciones, saltando a conclusiones, emitiendo juicios de valor y adelantando opinión, casi como condenando a los investigados, apenas logran algunas pistas, no confirmadas, que al final se tornan a favor de los responsables por más que existan indicios razonables y hasta pruebas de la criminalidad. Los investigadores se convierten así, en los más efectivos colaboradores de los presuntos delincuentes, a los que les proporcionan materia y argumentos para su defensa.

Concordante con esta desmedida y enfermiza vocación publicitaria, en el caso del Congreso, persiste la tendencia negativa a que  las  sesiones de las Comisiones Investigadoras sean públicas, cuando técnicamente debieran ser reservadas, tal como lo eran, con todos los positivos resultados que lograban en épocas pasadas. Las investigaciones practicadas en las comisiones parlamentarias de investigación eran completamente reservadas y tenían que ser así para garantizar la efectividad de las pesquisas hasta el logro de las comprobaciones.

Las sesiones públicas sólo aseguran el fracaso, porque, en primer término se facilita a los testigos a acomodar sus testimonios a las declaraciones de sus predecesores, al escucharlas o leerlas con anticipación. Por su parte los investigadores, frente a las pantallas, tienden al lucimiento con forzados discursos y hasta con acusaciones a priori, y en no pocas veces, formulando acusaciones contra los adversarios políticos, impulsados por el delirio de encumbramiento con el consiguiente desprestigio  institucional al que se ha llegado.

Sólo son públicas las audiencias en segunda instancia, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso. En el primer caso, cuando los jueces deben dictar sentencia, lo que supone que las investigaciones terminaron y son válidas como elementos de juicio para  la resolución final. Y en el segundo caso, el Parlamento, guardando el paralelismo, igualmente la segunda instancia es el Plenario donde se deciden los trámites constitucionales que deben seguir. 

Si la reconocida Comisión Parlamentaria Investigadora del Contrabando, en 1968, hubiese sido pública y no reservada, tal como se había impuesto, además de la pulcritud con que actuó, quizá no habría llegado  a culminar, en poco tiempo, su tarea moralizadora con los ejemplares resultados de sus numerosas e irrebatibles acusaciones, tanto constitucionales como ordinarias que culminaron en el Poder Judicial, en sendas sentencias condenatorias y efectivas contra prominentes personajes, dignatarios, funcionarios y empresarios privados de todo pelaje, y habría caído en la grave responsabilidad de contribuir con la impunidad, como penosamente acontece en nuestros días.