A partir de las próximas elecciones regionales y municipales, y por supuesto de los comicios generales, se podrá decir “la delincuencia al poder”. No otra cosa significa la reciente ley, por la que no pueden ser elegidos los que tengan antecedentes penales por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual.  Entonces, podrán ser candidatos e igualmente elegidos todos aquellos que no se hallen incluidos en dicha prohibición, es decir, los condenados por homicidio, sicariato, robo, estafa, apropiación ilícita, contrabando, evasión tributaria, concusión, cohecho, secuestro, asalto a mano armada, asociación ilícita para delinquir, prevaricato, etc., es decir por todos los demás delitos consignados en el Código Penal.

Pero, esta dramática realidad se da sólo en la función política y no en otras esferas. Por ejemplo, según la Ley Nº 29277, no pueden ser integrantes del Poder Judicial, quienes tengan antecedentes penales por haber sido pasibles de sentencia con reserva de fallo condenatorio por todo delito doloso. Del mismo modo, tampoco están habilitados para  participar en concursos para la función docente, según la Ley Nº 29944, quienes  hayan sido condenados por delitos dolosos.

Escandaliza, desde luego moralmente, pero no tiene nada de extraña esta nueva agresión a la probidad, si se tiene en cuenta la impunidad institucionalizada en la Constitución Política, por la que quienes reciben voto popular gozan de licencia para cometer toda clase de delitos sin ser  objetos de sanción, cosa que no se da en las verdaderas Democracias del Universo.    

Nos encontramos pues, así, en la curiosa realidad por la que ya no existen parámetros para ejercer las altas funciones públicas en nuestro valle de lágrimas. Han vencido la delincuencia y la corrupción. Algo que seguramente ha de causar asombro en el resto del mundo.