Fraude en las privatizaciones, fuente de enriquecimientos ilícitos.

Lo que parecía positivo y de gran repercusión económica para el país, como las numerosas y rápidas privatizaciones de las empre­sas estatales, resultó todo un escándalo de inesperados fraudes millonarios, tales como los comprobados por las investigaciones efectuadas en el Congreso.

Del informe final de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, presidida por el congresista Javier Diez Canseco, referido a la etapa de 1990-2001, se desprenden  aterradoras denuncias por acciones delictivas en cadena y con­cierto, perpetradas en el manejo no sólo de los procesos de priva­tización sino en el fin dado a los millonarios recursos obtenidos.  Las conclusiones de dicho informe suscrito además por los otros integrantes, los congresistas Walter Alejos, Máximo Mena, Juan Valdivia y Kennen Franceza, revelan que en las fraudulentas ope­raciones de entrega de las empresas del Estado, se han dado casi todas las figuras delictivas que componen el título correspondiente a los delitos contra la administración pública del Código Penal. Resulta así que, con propósitos de enriquecimiento ilícito, los delincuentes premunidos de poderes y haciendo mal uso de sus cargos han perpetrado delitos contra la fe pública, falsificación de documentos, estafa, apropiación ilícita, colusión, peculado, mal­versación, cohecho, corrupción de funcionarios, patrocinio ilegal, negociación incompatible, abuso de autoridad, encubrimiento y otras formas de delitos económicos y financieros.

Es escalofriante cómo —de manera concertada— fueron rápidamente privatizadas 228 empresas públicas, de las que se puede citar a las más conocidas como Petroperú y las instalacio­nes y servicios vitales de producción y uso de hidrocarburos, Ae­roperú, Siderperú, Electroperú, Pescaperú, Hierroperú, Electro­perú,  Electrolima, Electro Norte, Electro Noreste, Electro Norte Medio, Electro Centro, Electro Sur Medio, Edelsur, Edelnorte, Edegel, Solgas, Matarani, Telefónica y la Transoceánica  o flota de barcos de transporte, de todas las que se desprenden otras  razones sociales subsidiarias; además las haciendas azucareras, mal llamadas cooperativas, de las que trataremos en capítulo aparte por su singularidad.

Se señala en el informe que las 228 empresas estatales priva­tizadas generaron un ingreso de 9 221 millones de dólares; pero sólo ingresaron al Tesoro Público 6 993 millones. ¿Qué pasó con los 2 228 millones restantes? Además, se estima que el monto real  de las concesiones, privatizaciones o ventas pudo haber sido mu­cho mayor, porque al momento de valorizar a las empresas, éstas fueron previamente saneadas de cargas laborales para transferirlas al sector privado; es decir, entregarlas completamente  libres de obligaciones económicas. Al erario le costó 1 460 millones de dólares que fueron destinados a “limpiar”, o mejor dicho dejarlas totalmente libres de deudas incluyendo las tributarias, antes de ser vendidas, lo que equivale a un  engaño, en cuanto se decía que las empresas privatizadas habrían sido vendidas a buen precio. Pero, además, se estipulaban cláusulas lesivas a la masa trabajadora, porque se permitía la racionalización del personal, lo que suponía despidos intempestivos sin compensaciones y bajo la forma de retiros “voluntarios”, que no eran otra cosa que despidos enmascarados, con los consiguientes problemas sociales derivados de la desocupación. Y, por otro lado, si bien las privatizaciones de los servicios permitieron que éstos tuvieran logros en cuanto a satisfacer la demanda de mayor número de usurarios; sin embar­go, todo ello tuvo su contrapartida negativa, pues gran parte de la cobertura de la demanda ha resultado siendo financiada por los propios usuarios mediante las elevadas tarifas previamente fijadas en los contratos de privatización. De este modo, todas las aparentes ventajas y pagos expectantes de los empresarios privados adquirientes de empresas públicas tuvieron asegurado el retorno de sus inversiones mediante la extorsión a los trabajadores y los millones de usuarios peruanos de servicios de teléfonos, energía eléctrica, gas, etc. Fue, pues, el negocio del siglo para los inver­sionistas y para los gestores del Estado, los clanes de la adminis­tración Fujimori convertidos en nuevos ricos y potentados con  el consiguiente empobrecimiento del pueblo peruano.

De los 6 767 millones de dólares que recibió el Estado, fueron gastados 4 880 millones; de éstos, el 45 por ciento en la compra de armamentos y el pago de la deuda externa. Con­cretamente, en la adquisición de armamentos sin control ni licitaciones, se destinó 989 millones de dólares y para el pago de la deuda externa 1 237 millones.  Pero además  el dispendio continuó porque, a partir de 1997, se inició un mayor gasto desenfrenado en sumas superiores a los ingresos para los sun­tuosos preparativos electorales  del supuesto tercer periodo, así como para cubrir el déficit fiscal derivado de la corrupción que se había intensificado. Fueron transferidos 2 257 millones al Fondo Nacional de Ahorro Público y al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales destinados a cubrir las deudas del Esta­do y los costos de la privatización del sistema de pensiones. Y como si todo esto fuera poco, fueron devueltos a las empresas  privatizadas o mejor dicho a los nuevos dueños 158 millones de dólares. Habiéndose ganado 741 millones de dólares por concep­to de intereses bancarios, sólo quedó como  saldo positivo 223 millones, puesto que en el balance al 31 de diciembre del 2001 el  saldo negativo ascendía a 517 millones de dólares (Informe Final  de la  Comisión Diez Canseco).

De conformidad con el informe del Banco Central de Reserva del Perú, las consecuencias de la privatización fueron  negativas en materia de empleo, puesto que las empresas pú­blicas antes de ser licitadas ejecutaron políticas excesivas de reducción de  personal. En 1999 ya  habían cesado más de 120 000 trabajadores, de los que apenas 43 000 fueron absorbidos por los nuevos dueños.

No obstante los compromisos asumidos por el Estado, en el afán de  entregar las empresas sin ninguna obligación, pre­viamente y en el lapso de diez años —a partir de 1990— fueron firmados 600 contratos denominados de “estabilidad jurídica y tributaria” con las empresas inversionistas o receptoras de in­versión, con el objetivo de congelar, a favor de ellas, el régimen tributario y la libertad de remesas de sus utilidades, además de conferirles un tipo de cambio preferencial, entre otras gollerías. En otros términos, se  transfirió graciosamente, sin obligaciones de ninguna clase y sí con privilegios.

Las conclusiones revelan la impúdica e ilícita transferencia de recursos del Estado a favor de personas naturales y jurídi­cas del sector privado, valiéndose de variados procedimientos vedados, tanto en las operaciones de transferencia como en la disposición arbitraria de fondos provenientes de la cooperación internacional, así como irregularidades en el otorgamiento de liberaciones y normas de excepción, donaciones y demás. Se determinó que hubo fuga, dispendio, mal uso o apropiación ilícita de la astronómica suma de 2 227 millones de dólares, sólo como consecuencia de las irregulares operaciones privatizadoras que no respondieron a un plan de desarrollo nacional. En efecto, la venta de las más importantes y rentables empresas del Esta­do fue efectuada de la manera más sospechosa, irresponsable, vertiginosa y sin control de ningún tipo; y lo que resultó curioso fue que los procesos de enajenación se llevaron a cabo ante el aplauso y complacencia de instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, la Federación de Cámaras de Comercio del Perú, la CONFIEP, la Asociación de Exportadores, ADEX, universidades, colegios profesionales, empresarios en general y hasta de los propios partidos políticos, a tal punto que durante varios años, casi hasta el final del 2000, el dictador mantenía una aceptación en las encuestas públicas de más del cuarenta por ciento. Los encuestadores también demostraron su entusiasmo. Nunca se supo si la adhesión de la ciudadanía era espontánea o dirigida  por hábiles maniobreros asalariados o convenidos.