El escándalo del BCCI

Pese al amplio conocimiento del prontuario y los antecedentes del BCCI,  en 1986, el Banco Central de Reserva del Perú, presidido por Leonel Figueroa, depositó en esa institución  270  millones de dólares, cerca del 33 % de las reservas pe­ruanas. Esta transferencia  sospechosa fue realizada sin tener en cuenta el grave riesgo que corría la operación. En forma persistente se sostenía que el BCR era autónomo y ajeno a toda influencia presidencial; lo que es falso, porque siempre ha dependido directamente del presidente de la República y de manera más acentuada durante el gobierno de García. en que el directorio, la gerencia y toda la plana dirigente del banco cum­plían órdenes del jefe de Estado. Para justificar la sospechosa transferencia, se invocó la necesidad de preservar las reservas, en vista de los riesgos de embargos que corrían por parte de los acreedores externos. Esta versión también fue desmentida, ya que, si en verdad habría existido ese peligro,  había otros bancos de prestigio en Suiza y  otros países.

El hecho reviste mayor gravedad porque el gobierno co­nocía perfectamente los turbios antecedentes del BCCI, pues en vista de una serie de denuncias, en el mes de julio de 1986, el Servicio Aduanero de Estados Unidos preparó una minuciosa operación bancaria con la intervención de una red de entidades en diferentes lugares del mundo, que culminó con el descubrimiento de  numerosos hechos dolosos. Se verificó que el BCCI había tenido entre sus clientes a instituciones y personajes vinculados con el lavado de moneda procedente de robos a sus estados o del narcotráfico, entre ellos el general Antonio Noriega, ex presidente defenestrado de Panamá; Ferdinand e Imelda Mar­cos; los Duvalier y tantos evasores de impuestos y autores de otros delitos en países del Caribe, África y Sudamérica. También figuró el traficante Adnam Kashoggi, financista ducho en el negocio de armamentos, quien tuvo especial intervención en el sonado asunto de Irán. Como es público, luego de la operación C-Chase, iniciada en Florida, fue formulada una acusación contra el BCCI y varios ejecutivos, como responsables de  varios hechos delictivos, entre ellos la recepción de dinero procedente del narcotráfico y de los movimientos bancarios ordenados por el dictador panameño Ma­nuel Antonio Noriega. El resultado final fue que Adnam Kashoggi y ocho de sus directores  cayeron apresados, cuando se dirigían a una fiesta  ofrecida por uno de sus  clientes encubiertos, y luego  juzgados en la justicia norteamericana

Existía pues, información suficiente como para alertar al gobierno peruano; sin embargo, pese a todo, el dinero de las reservas del Perú fue depositado en el citado banco, y no podía haber sido sin el conocimiento pleno del presidente de la República y por órdenes de él. Ante una subcomisión  del Senado en Washington, que investigaba a  ese banco en los Estados Unidos, acudieron parlamentarios peruanos,  entre  ellos el diputado Jorge del Castillo, quien, al responder al interrogatorio del senador Kerry, el 2 de agosto de 1991, admitió que la respon­sabilidad de esa irregular transferencia de fondos al BCCI recaía exclusivamente en el directorio del BCR. Quedó establecido que las operaciones fueron dolosas y con fines de beneficio personal; pero no se estableció que el BCR dispusiera de  autonomía sino que, al contrario, estaba probado que sus operaciones eran super­visadas y ordenadas desde  el palacio de gobierno.

El hecho es que los depósitos en el BCCI le generaron al Perú pérdidas del orden del cincuenta por ciento en la recepción de intereses. Las conclusiones del senador Kerry dejaron mal parados a quienes trataban de defender dichos depósitos, los que, además,  recién comenzaron a ser retirados en 1988, pese a haberse conocido desde 1987 la pésima situación del banco. Por su parte, la comisión investigadora en el parlamento, que había comenzado muy activa, de pronto se vio frenada y sus conclusio­nes fueron archivadas debido a los acuerdos adoptados a partir de 1991 por la mayoría de la bancada oficialista de Fujimori.

Todo lo demás es historia conocida y , siguiendo la tradición de que la pita se rompe por el sitio más débil, el enjuiciamiento se limitó únicamente a dos personajes. Se les acusaba de haber lucrado ilícitamente y en beneficio personal propio con los in­tereses y comisiones que las cantidades trasladadas generaron.  El proceso concluyó con la condena a los  únicos comprendidos en el escandaloso proceso, Leonel Figueroa y Héctor Neyra, por un delito en el que, sin lugar a dudas, existían otros responsables que no aparecieron en los expedientes judiciales y que, si en al­gún momento estuvieron consignados, rápidamente fue lograda su exoneración. La condena cumplida por los dos funcionarios citados dejó, empero, el sabor de la actitud casi estoica que asumieron, sabiendo que no fueron sólo ellos los responsables y prefirieron callar, en una suerte demostrativa de rara “lealtad” a favor de terceros.

 

Fraude en el Banco de la Industria de la Cons­trucción

Se trató del Banco de la Industria de la Construcción. La co­rruptela fue similar a la de Bancoper. Pretextando una supuesta liquidación, el Banco Central se convirtió en el único acreedor del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) y de la Empresa Financiera Andina (Finansa), cuyos mayores accionistas pertene­cían al  grupo Vulcano. Las pérdidas del Estado ascendieron en mayo de 1988 a  60 286 519 17 dólares y otras sumas millonarias, derivadas de los aportes del BCR a favor de la empresa Finansa más los adeudos del grupo Vulcano.

Sosteniendo falencia económica, la Superintendencia de Ban­ca y Seguros dispuso la intervención y liquidación del BIC, pese a que el caso estaba siendo ventilado en el poder judicial. El Banco Central  hizo un aporte inicial de $.77 100 919 17 y deducidas las devoluciones de Vulcano y Finansa por $.16 814 400 86 quedó la aludida suma deudora de $60 286 519 17, quedando como único deudor el mencionado grupo, el que pretendió beneficiarse, además, con una diferencia en el pago de los intereses.

La Cámara de Diputados declaró de necesidad imperiosa  expropiar las acciones del grupo Vulcano y de su subsidiaria Finansa, de conformidad con la ley 24723; pero el gobierno no acató la resolución y pudo más el poder económico, como en las demás quiebras bancarias.

 

Electroperú, agencias de aduana, torres destrui­das y fortunas

En 1986, la Cámara de Diputados denunció a los directivos de Electroperú y a numerosas agencias de aduana por la formali­zación de acuerdos prohibidos por la ley para actuar de ilegales financieras de importaciones y  pagos de derechos aduaneros, utilizando, además, el dinero del Estado.

Desde 1982 hasta 1986, Electroperú había beneficiado a 68 agencias de aduanas con S/.81 167 585 483 00 en despachos aduaneros, prescindiendo de los despachadores oficiales. El des­orden en la documentación no permitió determinar el total de las comisiones pagadas. Además, ha quedado comprobado el delito de apropiación ilícita, de algunas de esas agencias, por dinero recibido para el supuesto pago de aranceles de importa­ción no realizado y que fue empleado en financiar a sus clientes importadores.

Entre 1980 y 1990, los apagones en Lima y tantas ciuda­des del Perú —debido a explosiones y a los llamados “coches-bomba”— se convirtieron en fuente de riqueza de empresarios encargados de reponer las torres destruidas. No pocos casos resultaban más que sospechosos. Pululaban los promotores de nuevas instalaciones, postes, torres y cables, los que pronto vol­vían a ser derribados y arruinados. Los controles eran escasos y las instalaciones se hallaban al alcance de cualquier persona mal intencionada. Hasta los importadores y vendedores de motores y grupos electrógenos se frotaban las manos y daban gracias a Dios cada vez que se producía un apagón, por cuanto sus ventas estaban aseguradas. Hay casos anecdóticos, como los que sos­tienen haber estado económicamente mejor durante el gobierno de 1985-1990 por el hecho de haber conquistado patrimonios sobre la base del dolor de los demás.

 

Los dólares MUC

El dólar subsidiado o mercado único de cambio significó una de las formas de corrupción más refinadas porque benefició a los es­peculadores y contrabandistas. El sistema irregular que estableció un solo valor del dólar para todos los efectos —aparentemente con fines sociales—, contrariamente, generó discriminación y favoritismo. Con una moneda subsidiada no se hacía sino apa­rentar un mayor valor adquisitivo del devaluado signo monetario peruano; es decir, la peor manera de gobernar, dándole al pueblo una sensación ficticia de bonanza sobre la base del despilfarro de las reservas nacionales.

Entre los beneficiarios se cuentan no pocos comerciantes e industriales, importadores y exportadores, empresas de servicios y hasta periodísticas, emisoras de radio y televisión, agricultores, ganaderos, empresas de transportes —terrestres, marítimas y aéreas—; sin que en momento alguno se hayan generado nuevas fuentes de producción y de trabajo. Al contrario, el dólar MUC disminuyó la producción industrial y agraria, puesto que era más rentable el comercio informal, la especulación y el contra­bando.

Los beneficios nunca llegaron a las clases populares, quie­nes no podían obtener dólares porque no eran empresarios. Los negociantes duchos lo aprovecharon sobrevaluando el valor de las mercancías importadas, aparte de adquirir un dólar a menor costo, con lo que sus artículos resultaban a precio casi de cero. En el mercado no se reflejaba la ventaja de esas concesiones y el  pueblo seguía soportando las alzas, la inflación desmedida, la devaluación. No pocas fortunas fueron construidas sobre la base de dólares por la mitad del tipo de cambio real, bajo el pre­texto de requerirlos con fines industriales, educativos, de salud, agrarios, alimenticios, etc., para lo que funcionaban  las tarjetas de recomendación.

Los favorecidos no experimentaron el menor escrúpulo en su afán de importar bienes, insumos, materia prima, ganado y alimentos —generalmente sobrevaluados—; el único fin era lograr un precio cero en sus adquisiciones a través de un dólar  adquiri­do a un valor del cincuenta por ciento. Un sólo ejemplo típico y elocuente puede servir  de  base para apreciar  la dimensión del aprovechamiento fácil que se hizo de las reservas monetarias. Se recuerda el caso de un importador de ganado lechero de apellido Zanatti, al que se denunció por haber internado alrededor de siete mil vacunos con destino a Pucallpa; ocurría que el valor de cada semoviente se habría reducido a cero, porque el precio de cada animal fue absorbido por el descuento de los dólares MUC y por la consiguiente sobrevaluación de los animales. No se aclaró este hecho y quedó en el olvido como quedan los cen­tenares de denuncias que los venales jueces criollos se encargan de  encubrir.

 

El MUC y los senadores

Gran escándalo se habría producido si no procedíamos con la mayor rapidez a exigir al presidente del Banco Central de Re­serva, Pedro Coronado Labó, la derogatoria de la Resolución Cambiaria N.º 044-88-EF/90, que había sido expedida con el fin de facilitar la financiación de los automóviles de un  grupo de senadores; pero tomando el nombre genérico de parlamentarios, comprometiendo a los diputados que desconocían totalmente del asunto, ya que en mi despacho no figuraba acuerdo alguno que, por lo demás, habría sido imposible que ocurra en nuestros fueros.

Fue durante mi presidencia en la Cámara de Diputados, cuando la mañana del 15 de noviembre de 1988, los diarios dieron cuenta de la existencia de esa resolución que me causó indignación, a punto de exigir al citado funcionario que inmedia­tamente dejara sin efecto la degradante disposición y luego me comunicara el origen de ese hecho. Minutos después quedó al descubierto una maniobra, angustiados por las diarias devalua­ciones monetarias que complicaron la  financiación de sus auto­móviles, un grupo de senadores,  por intermedio de la tesorería de esa rama legislativa y en coordinación con los vendedores, no tuvo una mejor idea que recurrir al BCR para hacerse acreedores del famoso dólar MUC.  Su error estuvo en comprometer a todo el parlamento, pues en la Cámara de Diputados no permitimos tan tremendo despropósito. La resolución fue derogada ese mismo día y, por supuesto, nos ganamos la animadversión de los supuestos perjudicados.

 

Carne y alimentos podridos arrojados al mar

Era ministro de agricultura Remigio Morales Bermúdez cuando se produjo el escándalo. Con dólares subsidiados se había realizado la importación masiva de maíz, trigo, leche y unas cuatrocientas toneladas de carne podrida, los que debieron ser echados al mar en Pisco, Ica y Chancay. La denuncia de la contralora Luz Áurea Sáenz y el consiguiente escándalo periodístico dieron origen a la formación de una Comisión Investigadora, presidida por el diputado aprista Enrique Wong Pujada, en 1987. En su informe final solicitaba acusación constitucional contra el ministro Morales Bermúdez y denuncias ordinarias contra funcionarios cómplices en tan turbio negocio. El dictamen, que debió ser visto en una sesión de abril de 1987, fue retenido en la mesa de debates y, una tarde de ese mes, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alva Castro, convocó en su despacho a una reunión de urgencia, según dijo, a pedido del presidente García Pérez, quien había recomendado la postergación del debate. En medio de un estado de desconcierto fue adoptado el absurdo acuerdo, hecho público después por la prensa, de reservar el pronunciamiento planteado por la comisión Wong Pujada y diferirlo para una nueva oportunidad, bajo argumentos diversos, en el fondo dirigidos a silenciar el hecho. El informe responsabilizaba en primer término al ministro Remigio Morales Bermúdez. La respuesta fue la tristeza acompañada de lagrimones vertidos por Wong, quien —sin poder contener el llanto— expresó que él no esperaba este final tan repudiable en un partido al que ingresó muy joven con la esperanza de cambiar las viejas corruptelas del pasado. El olvido posterior se encargó de echar  tierra al asunto.

 

El contrabando de conchas de abanico y el caso León Alegría

Con el fin de evitar su depredación, se había prohibido en la Ley de Pesquería la exportación de las conchas de abanico, pues los exportadores, inescrupulosamente, extraían dichos moluscos cuando aún no habían llegado a tener las dimensiones permitidas,  estimulados por los jugosos premios que les otorgaba el Certex.  Un día apareció su derogatoria en el diario El Peruano, mediante el decreto N.º 490 de l20 de septiembre de 1988, del Ministerio de Pesquería a cargo de Rómulo León Alegría. El hecho, aparte de sospechoso, revestía mayor gravedad por cuanto el poder ejecutivo había hecho  uso arbitrario de la ley de facultades delegadas, que el parlamento le había conferido sólo para la adecuación administrativa del sector a la regionalización que se hallaba en marcha. Era costumbre abusar de la delegación de facultades para desde el poder ejecutivo actuar con la intención de favorecer intereses particulares. Una forma, pues, de incurrir en corrupción es claudicando en el Congreso y abdicando a la facultad de legislar, con fines generalmente subalternos.

Yo ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados y, ante la indignación  general, los diputados Fernando León de Vivero, Jofré Fernández Valdivieso y la senadora Judith de La Mata colaboraron para dar trámite acelerado al proyecto que derogaba el abusivo decreto legislativo. Luego, dispuse que la policía fiscal procediese a investigar sobre la posible existencia de empresas exportadoras de ese recurso, habiéndose  descubierto la existencia de setenta toneladas  embaladas y listas para su ex­portación, en el depósito de la firma Soldi Export, cuyo gerente era un ingeniero de apellido Marcenaro, coincidentemente asesor del ministro de Pesquería.

Y aunque inmediatamente se logró la derogatoria del de­creto, reponiendo la norma prohibitiva, el ministro de Pesquería no pudo ser interpelado ni sometido a ninguna sanción, debido a la aparición de defensores que, en pro de la llamada “fraterni­dad”, no estuvieron dispuestos a hacer uso de sus atribuciones constitucionales.