Entre los primeros atropellos -después de la conspiración de octubre- estuvieron los actos orientados a desaparecer todo rastro de la corrupción que comprometía a jefes y oficiales de las instituciones armadas. Numerosas autoridades políticas, administrativas, militares y policiales habían sido ya motivo de denuncias, acusaciones y condenas; pero, aún faltaban esclarecer sucesos escabrosos del propio presidente Velasco.

Las oficinas de la Comisión Investigadora fueron invadidas y minuciosamente inventariadas, las hordas soldadescas -fusil en mano- se apropiaron de la documentación, actas, libros de debates y cuanto testimonio revelador había sobre la mafia. Un año más tarde, el gobierno de facto secuestró y mandó quemar el libro Contrabando, compendio de las tropelías delictivas investigadas y denunciadas, y que se imprimía en la imprenta "Industrial Gráfica", del señor Francisco Campodónico, quien fue el único que aceptó hacerlo, ya que se habían negado casi todas las imprentas importantes de Lima. Una banda de soldados -con fusiles y metralletas- la invadieron en la madrugada del 30 de abril de 1970 para apropiarse de los 5 000 libros ya impresos, así como de todo cuanto encontraron, materiales, artefactos y dinero, después de bloquear la calle Chavín en Breña con tanquetas y camiones.

El general Juan Velasco Alvarado, comprometido en delito de contrabando, bajo la denominación de "paracaídas", fue quien ordenó el secuestro del libro después de haber montado una estrategia militar desproporcionada para una vandálica operación criminal. Los libros fueron quemados en los barrancos de la playa "La Herradura", así lo sostuvo, seis años después -ya en el retiro-, el general Armando Artola Azcárate, ex ministro del Interior de aquella dictadura, afirmando además, que la operación fue ordenada personalmente por el general Velasco. (Semanario El Tiempo, 6 de mayo de 1976).

Durante más de cinco años había sido imposible reeditar el libro, debido a la vigilancia estricta y, en ese lapso, no dejé de reclamar y formular denuncias ante el poder judicial al tiempo de solicitar reiteradamente garantías del gobierno para su reedición; desde luego, sin éxito, hasta que se produjo el contragolpe del general Francisco Morales Bermúdez a fines de 1975.

Casi seis años después, el ministro del Interior, general EP César Campos Quesada, expidió la resolución del 1 de diciembre de 1975, en la que se me prestaba garantías para la reedición del libro, hasta entonces perseguido. Al general Morales Bermúdez, cuando fue ministro de Hacienda del gobierno de Belaúnde Terry en 1968, le correspondió entregar a la Comisión Investigadora el block de 350 cartas, ya referidas y requisadas por la policía fiscal de las oficinas del citado Tratjman, factótum de la mafia.

Sumisión de la policía y del poder judicial Para la policía el secuestro fue un robo, como si los ladrones se interesaran en robar libros, más todavía en estado de impresión. Mi denuncia ante el juez Reynaldo Martín, del 11º juzgado de instrucción, fue retenida desde agosto de 1970. El juez no hacía las notificaciones de ley y se limitó a la apertura de instrucción contra posibles autores de un robo, desestimando la imputación expresa contra Velasco Alvarado. Por su parte el agente fiscal Rodrigo Arriola Iglesias también la retuvo durante más de nueve meses, hasta el 3 de enero de 1972 en que la elevó al 4º tribunal correccional. El fiscal Fernando Cochela Carabelli la retuvo también durante seis meses, y el tribunal la mandó al archivo provisional el 9 de julio de 1973, por "no haberse identificado a los responsables".

Derrocado Velasco, en 1975, su ex ministro del interior, general Armando Artola Azcárate, declaró en El Tiempo, semanario dirigido por Alfonso Baella Tuesta, el 6 de mayo de 1976: "-¿Cree usted que Velasco fue contrabandista antes del 3 de octubre de 1968?

- No me consta. Pero sí estoy seguro de que era lo bastante vivaz para saber para quién era el contrabando que se pasó como paracaídas.

- ¿Por qué no se siguió investigando los casos de contrabando?

- ¿Cómo se iba a investigar si los contrabandistas tenían la sartén por el mango?

- ¿Dónde están los archivos de la Comisión del Contrabando? Usted como ministro tenía que saberlo.

- La sustracción de esos archivos se hizo bajo la dirección personal de Velasco. Se me ocultó adrede íntegramente todo el proceso"

- ¿Dónde están los libros secuestrados de Vargas Haya?

- Ya he explicado esto al señor Vargas Haya. El Ministerio del Interior nada tuvo que hacer en la desaparición de esos libros. Fue una operación dirigida personalmente por Velasco. Aconséjele que busque por los barrancos de Chorrillos. Allí puede encontrar alguna pista".

Con este testimonio público, en junio de 1976 solicité al cuarto tribunal correccional de Lima la actualización del proceso, ofreciendo como testigo al general Artola y a los trabajadores que en la imprenta violentada fueron atados y maltratados por la soldadesca. En la instrucción desarchivada, el fiscal Pedro Méndez Jurado, el 30 de septiembre de 1976, emitió un vergonzoso dictamen en el que expresaba sin ningún rubor: "...una versión periodística no es prueba suficiente para comprender a una persona en un proceso penal y por lo mismo carece de idoneidad para amparar una petición en tal sentido, en el caso de un ex mandatario de la nación..." También desestimó las acusaciones del ex ministro Artola y finalmente, sostenía que "…tampoco pueden ser amparadas por la justicia común mientras no se hayan seguido los trámites previstos por la ley, inherentes a la investidura ostentada por el denunciado..."

Los vocales Bockos de Grillo, Morales Arnao y Noblecilla Domínguez acogieron el dictamen de Méndez Jurado y ordenaron mantener archivada la instrucción. La Corte Suprema confirmó el atropello. Los magistrados, servilmente, no tuvieron empacho en llamar mandatario al dictador y determinaron que, de acuerdo con su investidura, debiera ser previamente acusado constitucionalmente. Una barbaridad propia de la calaña de jueces que han transitado por el poder judicial, donde son escasos los magistrados probos e idóneos, desgraciadamente rebasados por la venalidad de los que no merecen ocupar el magisterio de la administración de justicia.

Fraude con los barcos Mantaro y Pachitea

Sólo en el contrato de los barcos "Mantaro y Pachitea", la defraudación ascendió a 73 millones de dólares, es decir cinco veces más si comparamos con la cuenta bancaria del prófugo general Malca Villanueva -de la mafia Fujimori-Montesinos-, ascendente a 14 millones. Es que en ese fraude de la década 1980-90 no hubo películas ni videos como actualmente.

Por tan gigantesco fraude que incrementó la deuda del Estado, los ministros Fernando Chávez Belaúnde y Carlos Pestana Cevallos fueron acusados constitucionalmente por la Cámara de Diputados, el 26 de mayo de 1986, sobre la base del dictamen de acusación N.º 123 del 26 de diciembre de 1985, suscrito por los diputados Alfredo Montenegro Oliva, Jorge Sánchez Farfán, José Luis Alvarado Bravo y Enrique Chipoco Tovar.

La irregular operación se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1981, bajo formas de fletamento a casco desnudo, con opción de compra de los citados barcos, sin estudios de factibilidad técnicos ni económicos y con la intermediación de empresarios panameños, quienes doblaron los importes. Inesperada y sospechosamente, el Estado asumió la deuda de la Corporación Peruana de Vapores sin respetar los procedimientos para el endeudamiento externo. No convocó a licitación alguna antes de admitir la compra de los barcos. La acusación se basó en el hecho de que el ministro Pestana suscribió el Decreto Supremo O53-83-TC con el que convalidó los actos cometidos en la CPV, y en su oportunidad el ministro Chávez Belaúnde no efectuó investigación alguna de los asuntos que eran de su conocimiento, con lo que, a tenor del dictamen de la comisión acusadora, se cometió delito de concusión en el ejercicio de sus funciones ministeriales.

En el Senado, una comisión integrada por los senadores Judith de la Mata, Alfredo Santa María Calderón, Justo Enrique Debarbieri Rioja y Urbino Julve Ciriaco emitió el dictamen 2689/89-S, a favor de la acusación y la apertura de instrucción en el tribunal supremo, pero el trámite quedó trunco al no haber sido debatido porque un determinado número de senadores oficialistas y de oposición optaron por abandonar el hemiciclo y dejar sin quórum al senado, en repetidas oportunidades, con lo que los delitos quedaron en la impunidad.