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El grave y afrentoso militarismo peruano ha tenido penosas repercusiones morales, sociales y económicas, y ha calado profundamente en la conducta de no pocos de sus más altos miembros, comprometidos en la trágica política nacional. Sus comportamientos llegaron a contagiar y desmoralizar al resto de sus integrantes -desde luego con muy apreciables y apreciadas excepciones- con las consecuencias desagradables y humillantes sentidas en los campos de batalla, en las ocasiones en las que el país tuvo que afrontar conflictos inevitables.

No hay necesidad de reiterar sobre la división de las fuerzas del ejército desde la época de la guerra con Chile, que la perdieron los propios militares peruanos en colusión con civiles como Nicolás de Piérola y el general Miguel Iglesias, entregados por bastardos intereses a los designios sureños; basta referirnos a lo más reciente, al conflicto del Cenepa en 1995, durante el detestable gobierno de Fujimori. Debido a una impensable corrupción instalada en los cuarteles -más tarde puesta al descubierto en toda su dimensión-, el Perú tuvo que sufrir una humillante derrota frente Ecuador, a punto tal que el gobierno llegó a firmar, postrado de hinojos, un baldón más como el llamado Tratado de Comercio y Navegación con ese país, en nombre de una paz artificial sobre la que hay demasiada tela por cortar. Este tratado fue el resultado de un fracaso no sólo diplomático sino especialmente militar; un fracaso rotundo en el terreno militar que originó tal pánico en la población que terminó clamando porque se firmara cualquier cosa a fin de evitar el exterminio, las mutilaciones de miembros y la muerte de cientos de soldados peruanos enviados al sacrificio en condiciones realmente inhumanas. La tragedia a la que fueron sometidos los soldados peruanos en la Cordillera del Cóndor, carentes de alimentos, armamentos y medicinas, desprotegidos por no contar ni siquiera con botas antiminas para enfrentar al enemigo durante la infausta guerra del Cenepa, es la incuestionable consecuencia del abandono inmisericorde en que se hallaban las tropas por falta de recursos; esos que fueron a parar a las nutridas cuentas de los generales, algunos de los cuales se hallan hoy en la cárcel, otros muertos por suicidios -productos de la vergüenza- y algunos prófugos.

Resultaron infructuosos los sacrificios de los héroes del Cenepa, de los muertos en combate, de los que sufrieron mutilaciones y quedaron inválidos para siempre y que tuvieron que exponerse al desastre anunciado, debido a la inferioridad de condiciones de todo orden; tan sólo por carencia de presupuesto para cubrir necesidades castrenses y que vilmente fue a engrosar los patrimonios de malos generales y de sus entornos familiares. ¿Cómo puede explicarse, por ejemplo, la marcada diferencia entre los pocos jefes probos que exhiben su pobreza con dignidad, durante y después de su servicio activo, y los que ostentan fortunas habiendo sido iguales, social y económicamente? La respuesta es obvia. El militarismo destructor ha convertido la carrera militar no en motivo de servicio a la patria sino en trampolín de expectativas, en la vía para llegar a ser prominentes acaudalados, empresarios con los presupuestos fiscales, con el narcotráfico, compra de armamentos sobrevaluados, mediante decretos de urgencia expedidos secretamente, no tanto para mantener arcanas las adquisiciones bélicas sino para ocultar latrocinios.

Es obvio que las instituciones y toda esa legión de soldados, guardianes de la patria, no son responsables de los errores que cometen sus desaprensivos jefes. Éstos -generales, coroneles, almirantes y demás, con muy especiales excepciones- son los culpables del deterioro y desprestigio institucional que, al fin y al cabo, terminan por hacerles perder la fe. Se trata no de errores aislados sino, fundamentalmente, de una conducta que parece insertada en la idiosincrasia de una sociedad de la que no se hallan excluidos los militares que, finalmente, son ciudadanos peruanos con uniforme. Ellos están seriamente contagiados de una conducta peligrosa, que los conduce a ponerse al servicio de intereses subalternos, del boato, la concupiscencia y demás ventajas que les da el dinero, por lo que no trepidan en cometer las más bochornosas operaciones delictivas sólo para enriquecerse. En este terreno tan diabólico ya no existe diferencia entre civiles y militares cuando de corrupción se trata; precisamente, el militarismo consiste en eso, en la asociación del oro y la espada para intervenir en la vida nacional, no para contribuir al progreso sino para destruir su moral y su desarrollo.

La tragedia del Cenepa ha de quedar grabada en la historia como la más palmaria demostración del estado moral al que sometieron a las fuerzas armadas peruanas algunos altos jefes militares con su criminal conducta, los que sin ningún escrúpulo y simulando patriotismo guardaban en sus alforjas y en sus cuentas bancarias en el extranjero decenas de millones de dólares sustraídos a la patria. Lo que resulta más grave todavía es el desprecio y el olvido a los esforzados soldados a quienes no se les ha reconocido su sacrificio. Muchos patriotas quedaron convertidos en minusválidos cuando lograron sobrevivir; otros dejaron en la orfandad a sus familiares, al haber caído inexorablemente acribillados por las balas enemigas. Precisamente, la mortandad de soldados peruanos indefensos, el sobrecogedor espectáculo en las pantallas de televisión, soldados sin brazos o sin piernas, víctimas inocentes de las minas sembradas por donde los obligaban a transitar desprotegidos; todo eso sirvió de ablandamiento en los corazones de las madres y familiares peruanos que clamaban porque se firmara la paz, a cualquier precio, antes que seguir atestiguando tanto martirologio. El presidente Fujimori tuvo, entonces, la osadía de sostener que con la firma del tratado se alejaba la guerra, y se ahorraba el Estado peruano 500 millones de dólares; mientras que esa cantidad multiplicada, producto de las irregulares privatizaciones, se esfumaba distribuida en las cuentas de militares y civiles -entusiastas ladrones de la nación- que se aprestaban a fugar del país para disfrutar del producto de sus latrocinios y de sus traiciones.

¿Cuánto costó el conflicto del Cenepa?

Posiblemente muy pocos se han puesto a meditar cuánto costó el conflicto del Cenepa. Sólo se sabe de los aviones destruidos, las municiones perdidas, los muertos, los mutilados y de que el Perú perdió la guerra; pero también se conoce a algunos de los altos mandos militares y civiles del servicio de inteligencia que forjaron fortunas bajo el pretexto de la guerra, en los contratos secretos de compras de armamentos y hasta en las ventas de secretos militares.

Parte del incremento de la deuda externa corresponde, sin duda, a los excesivos gastos en la compra de armamentos sobrevaluados, los que sirvieron para pagar coimas a los encargados de estos sucios negocios. Las cuentas corrientes cifradas a nombre de generales que se hallaban en funciones en aquella época -algunos de ellos purgan condena-, son los testimonios irrefutables de la conducta de quienes no sólo debieran ser condenados sino degradados e inhabilitados a perpetuidad para el ejercicio de funciones públicas. El conflicto en el que el Perú resultó perdedor le costó mucho dinero al país, pero, también, muchas vidas de soldados indefensos y muchísimos inválidos que perdieron brazos y piernas, víctimas del sacrificio al que fueron impuestos. Y mientras estos soldados indefensos y abandonados sufren sus dramas, los familiares de los militares que le robaron a la nación y la traicionaron disfrutan del botín que amasaron aprovechándose de sus cargos jerárquicos y de sus galones. No será posible, pues, establecer el verdadero coste de una guerra fratricida en la que la vida de cientos de peruanos mártires no tiene precio, y en la que resultan impunes los crímenes nefandos cometidos por los que no cumplieron con la obligación de defender a la patria, y en cambio la traicionaron y la saquearon.